El movimiento ciudadano de la #españavaciada ha puesto en boca de todos un problema que, lejos de ser una novedad, es URGENTE. Los años de desatención y la falta de políticas cohesionadas, han provocado la llegada del mundo rural de muchas zonas del territorio a una situación crítica.
La provincia de Salamanca, es una de las provincias que más sufre la pérdida demográfica, en el último año perdió 2130 personas. Este decrecimiento ha aumentado notablemente desde el año 2014, y va en picado. La tasa de crecimiento natural es negativa (TCN -2,56%), y es el resultado de unas tasas brutas de natalidad muy bajas (6,07%), inferiores a la media de la comunidad que ya es de por sí baja (8,41%), y con una clara tendencia descendente; y de unas tasas brutas de mortalidad muy elevadas (12,04 defunciones por mil habitantes) y en ascenso, por el intenso envejecimiento de la población (IE 109,55%).
La falta de oportunidades laborales, las dificultades relacionadas con los servicios básicos como la sanidad y la educación, y la falta de tejido social hacen difícil la permanencia de la población más joven y las familias para el desarrollo de un proyecto de vida de calidad.
Son muchos los colectivos y ciudadanas que manifiestan la necesidad de unas políticas de desarrollo rural territoriales y comarcales, basadas en el diagnóstico de las necesidades de la población desde una mirada “no urbana” de sus problemáticas, y realmente coordinadas entre las diferentes entidades. Una clave fundamental para ello es profundizar en la participación ciudadana (no en su mera cooptación en periodo electoral), ampliar la visión de red que trasciende las fronteras administrativas y los roles institucionales y sociales, y ser capaces de definir estrategias de desarrollo rural “personalizadas” para las diferentes categorías de territorios, otorgando a las comarcas autonomía para la puesta en marcha de estos proyectos transversales. Todo ello dotado de una gran inversión económica para el desarrollo de proyectos a corto y a largo plazo, la generación de empleo y la mejora de los servicios socio-sanitarios.
